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No entraré en el viejo y prolijo debate sobre la pertinencia o impertinencia del uso de la energía nuclear para fines civiles. Me limitaré, en aras de la claridad, a señalar lo obvio.
1. La energía nuclear posee tres características inconfundibles. La primera es que cuando entra en contacto con el tejido vivo lo destruye y altera de forma irreversible, desencadenando monstruosas malformaciones y tumores. La segunda, que sus residuos se mantienen activos durante cientos en incluso miles de años. La tercera, que su forma de contaminar es imperceptible a los sentidos. Así que siendo la vida frágil, caduca y sensible es la energía nuclear letal, longeva e incorpórea. Nada tiene de extraño que lo que es por esencia contrario a la vida despierte un sentimiento natural de horror y repugnancia.
2. Que el futuro es por principio imprevisible, lo que implica que por muy eficientes que sean los sistemas de control y seguridad utilizados para exorcizar los peligros nucleares, jamás podrán prevenir ni responder a todas las amenazas posibles, como ha demostrado sobradamente la experiencia de Chernobil y Fukushima. Pretender excluir del almacenaje de residuos radiactivos el riesgo de accidentes, sabotajes, incapacidad de mantenimiento por ruina económica, meteoritos, tsunamis, seísmos, guerras, etc., bajo la hipótesis, formulada en el presente, de su absoluta seguridad, solo demuestra el grado alarmante de prepotencia y estupidez humana.
En el caso que nos ocupa, el peligro mayor no radica según los expertos en el propio cementerio sino el continuo trasporte y trasiego de residuos desde las centrales al almacén, lo que convertirá a nuestra región, y concretamente a Cuenca, en un espacio altamente peligroso. El impacto económico que tendrá sobre sectores como el turismo o la venta de nuestros productos agrarios y ganaderos en el exterior está por determinar. Todo lo que se relacione o asocie con el vertedero nuclear quedará definitivamente devaluado.
3. Dadas las premisas anteriores parece evidente que nadie en su sano juicio querría hipotecar con un riesgo semejante el futuro de su familia, de su comarca y de sí mismo. Salvo, lógicamente, que confluyeran dos poderosas razones. La primera es que se trate de un colectivo de ingenuos o alguien predispuesto por algún motivo a dejarse embaucar. Lo que hace recaer todo el peso sobre la segunda condición: que estemos hablando de unos pobres desamparados, víctimas del paro, la despoblación y el subdesarrollo, a que ha conducido el infame olvido de las zonas rurales por parte de los sucesivos gobiernos. Gobiernos que tras olvidarse del pobre en el banquete ahora se acuerdan de él para premiarlo con los desperdicios.
Tal vez por ello el júbilo del alcalde de Villar de Cañas y de gran parte de sus vecinos al conocer la decisión, como si les hubiera tocado el gordo de la lotería, lejos de generar simpatía produce lástima y vergüenza ajena, como la que produciría ver a una bella joven del tercer mundo fornicando por dinero con un occidental calvo y barrigón, a dos etíopes peleando por medicamentos caducados o a un indigente festejando la basura hallada en el contenedor de la casa de un rico el día de Nochevieja. La decisión del Ministerio de industria supone una humillación para Cuenca y para el campo español en su conjunto.
4. Más ofensivo es el silencio y la complicidad de quienes debían protegernos. Me refiero expresamente al gobierno del partido popular y a nuestra Presidenta castellano manchega Dña. Dolores de Cospedal, que ha tolerado que el candidato que ocupaba el cuarto lugar, el menos apto desde el punto de vista técnico, haya sido el desafortunado ganador. Lo que solo puede obedecer a dos motivos. O que la cadena de presiones políticas se haya roto por el eslabón más débil– se ha sacrificado a Cuenca en aras de Valencia o Cataluña– o que quien ha consentido semejante agresión a sus ciudadanos haya recibido, no sabemos todavía en qué términos políticos, parte del soborno.
Nota: el concepto de soborno no pretende imputar la comisión de un delito sino denunciar el deshonroso acto de obsequiar con dádivas -económicas o políticas- la voluntad de alguien, para que asuma un perjuicio que de otro modo no estaría dispuesto a consentir.
