Me explicaré. La mayoría sospechamos que los actuales recortes en educación son tan solo la primera fase de una estrategia más ambiciosa, que pretende desmantelar la enseñanza pública en nuestra región en favor de la privada, a imitación de la Comunidad de Madrid. Como este objetivo no puede hacerse explícito, la Presidenta de la Comunidad utiliza dos eficaces coartadas para justificar los recortes: falta de recursos económicos y carácter privilegiado del colectivo al cual se aplican.
¿Cuál debe ser nuestra respuesta?
Sin duda y sobre todo la principal consiste en informar a la comunidad escolar de un modo puntual y exhaustivo del impacto que sobre la educación de sus hijos tendrán las medidas adoptadas. Sólo de ese modo sabrán que lo que está en juego no es un conjunto de intereses corporativos de un colectivo socialmente privilegiado (como se quiere hacer ver) sino el futuro de un servicio público, cuya función es garantizar la autonomía personal, la formación laboral y la igualdad de oportunidades.
Medidas como encierros, concentraciones y sobre todo huelgas son importantes para mostrar la fuerza de nuestra indignación e impedir un previsible incremento de los recortes. El problema de estas medidas, si no van acompañadas de la que propondré, es que difícilmente serán secundadas de forma indefinida y mayoritaria, sobre todo la huelga, dado el efecto disuasorio de las pérdidas económicas personales que generaría. A lo que se suma el probable desgaste del ya mermado prestigio del colectivo de profesores ante una sociedad vapuleada, y no por nuestra culpa, por la crisis económica. Y finalmente la sospecha de que subyace un carácter partidista a nuestra confrontación.
Si este análisis es correcto considero que sería positivo dedicar unos minutos a contemplar la disposición a negociar con los responsables de la Consejería de educación de Castilla–Mancha un pacto por la educación pública en los siguientes términos:
La donación o préstamo temporal a las arcas públicas, durante uno o dos años como máximo, del porcentaje de nuestro salario necesario para acometer el coste salarial de los 927 interinos eliminados, una vez descontando el 70 % del subsidio de desempleo que de todos modos tendrían que asumir las arcas públicas a través de administración general del Estado (INEM). Lo que supondría entre el 1.5 y 2% mensual. Unos 45 euros brutos al mes.
La sola iniciativa demostraría ante la opinión pública que los profesores no somos, como maliciosamente se nos quiere etiquetar, un grupo de privilegiados enfadados por trabajar un par de horas más mientras el resto de la sociedad agoniza, sino trabajadores dispuestos a perder poder adquisitivo, y por iniciativa propia, con tal de salvar la calidad de un bien público y el empleo de sus compañeros. El ofrecimiento destruiría en el acto la coartada de falta de recursos económicos. Y el mero gesto de tender la mano a quien nos quiere desalojar mostraría a las claras que no hay intencionalidad partidista en nuestra reivindicación.
Si la Junta acepta el órdago soportaríamos una pérdida mínima, no más del 2% de nuestro sueldo, durante un corto período de tiempo, inferior a la merma económica de varios día de huelga, devolveríamos la esperanza laboral a nuestros compañeros, y garantizamos la sostenibilidad de la educación pública en los próximos años.
Si no la acepta, que es lo más probable, se demostraría ante la opinión pública que la falta de recursos es solo la excusa, la tapadera políticamente correcta para encubrir un pérfido objetivo: la defenestración de lo público.
Sé que es una medida polémica y arriesgada, que lanzo al debate de las asambleas, infinitamente más sabias que yo. Recuerda en su hechura aquella imagen bíblica en la que Salomón ante las dos madres que litigaban por la maternidad de una criatura, decidió cortar a ésta por la mitad. La que prefirió perderla antes de que fuera seccionada demostró, por su amor, ser la verdadera madre. Es fácil extrapolar los términos bíblicos al actual contencioso.
