Probablemente el mayor argumento contra el llamamiento a la ocupación o acordonamiento del congreso el día 25 sea la falta de una mayoría social que lo respalde. Sin esa mayoría su legitimidad es ética pero no democrática, es decir, son justos los principios que invoca, sólidos los argumentos que plantea, insoslayables las causas que lo motivan, pero se carece aún de un sujeto político articulado capaz de operar esa mutación radical del sistema.
A lo que habría que añadir el riesgo
de confrontación civil que supondría el éxito de la iniciativa sin un consenso
previo entre las diferentes fuerzas y sensibilidades que conforman la realidad
social española. Por desgracia, aunque somos el 99% frente al 1%, tan solo el 15
o 20% se han dado cuenta de ello. El PP, a día de hoy, según las últimas encuestas, y a
pesar de una importante caída en la intención de voto, seguiría siendo la opción
política más votada. Lo que significa que en el vacío constituyente las reglas del
juego podrían incluso modificarse aún más a la derecha. Dicho esto:
¿Por qué no tiene derecho a entender
una multitud de ciudadanos que las reglas del juego de las que un día nos
dotamos, es decir, la constitución, se ha quedado vacía de contenido y ya no
responde a las expectativas legítimas a que debió su origen?
¿Por qué no vamos a tener derecho a
pensar que el sistema político español se convierte gradualmente en una inmensa
farsa, donde, bajo la apariencia de democracia, se oculta –cada vez menos– una
perversa dictadura de los mercados?
¿Hasta qué punto puede exigirse a un
elevado número de ciudadanos, progresivamente excluidos del amparo público, del
empleo, de los servicios sociales, de las oportunidades, lealtad a las instituciones responsables de
dicho desamparo?
¿Por qué no tienen los ciudadanos, agentes
de la soberanía, derecho a pensar que las instituciones políticas han dejado de
representarles en beneficio de minorías pudientes y de estructuras parásitas y,
en consecuencia, a reclamar la disolución del
poder constituido?
¿Por qué no se va a poder demandar
la apertura de un proceso constituyente capaz de instaurar un ordenamiento
jurídico más acorde con los principios de una democracia real?
Y si tenemos derecho a entenderlo
¿por qué no vamos a tener derecho a expresarlo de una forma pacífica del modo
que creamos conveniente, sea rodeando el congreso, ocupando las plazas o batiendo cacerolas?
El mayor argumento de los promotores del 25 S
es paradójicamente la feroz represión de la que están siendo objeto. La falta
de legitimidad social es suplida por la vergonzosa criminalización de la
protesta; la incapacidad de satisfacer las expectativas de los cerebros, por el
bochornoso amordazamiento de las bocas; la ausencia de argumentos válidos por
la vejatoria administración del miedo. Nos causan dolor y nos prohíben gritar.
El sistema se hunde, y un ansia
irreprimible de revolución, no de alternancia sino de alternativa, comienza a
generalizarse ante la incapacidad del orden constitucional, y de los dos
grandes partidos que lo gestionan, para dar una respuesta que alivie el intolerable
sufrimiento que nos aflige. El 25 S ocurrirá, ya se ven racimos dorados tras las primeras pámpanas.
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