Estimados ciudadanos.
Una parte, escasamente publicitada, del texto que reformará la Constitución española dice literalmente: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.”
Sí, han leído bien lo que nuestros políticos acaban de jurar a los mercados: prioridad absoluta y condiciones innegociables frente a cualquier otra carencia de la población. Y quieren hacerlo rápido y en el más alto rango para que quede fuera del debate político, maniatando para siempre la soberanía popular. ¿Qué juicio merece tal decisión?
¿Qué pensarían de unos padres que firmaran un documento en el que, para tranquilizar a su banco, se comprometieran a dar prioridad, aun en caso de ruina familiar, a los pagos mensuales de la hipoteca –de amortización e intereses del crédito– antes que a subvenir las medicinas, el agua, el abrigo, el alimento o el techo de quienes, como sus hijos y ancianos, están bajo su custodia?
Imaginen el siguiente diálogo: “Papá tengo frío”. “Lo siento hijo, pero antes que tú están las entidades financieras.” “Papá, tengo hambre?” “Lo lamento hijo, el único dinero que me queda es para pagar intereses.”. No hay ni pizca de demagogia en este diálogo imaginario. La preferencia absoluta del lucro sobre la necesidad, de la codicia sobre el interés general acaba de ser sancionada por la Constitución española.
¿Qué deberían pensar los ciudadanos si sus gobernantes, secuestrando su capacidad de decidir, modifican las reglas constitucionales para firmar un documento por el que se obligan, en su nombre, y aun en caso de grave crisis económica, a pagar a los prestamistas antes que atender las jubilaciones de sus ancianos, la salud de sus enfermos, la educación de sus jóvenes o el subsidio de sus parados?
Si mi interpretación del texto es correcta, como por desgracia es, ¿les queda aún alguna duda sobre el status que ha adquirido el "soberano pueblo español", y quienes lo integramos, tras la aprobación de la reforma? Un enorme e indigno lameculos de banqueros y especuladores.
Esa es ahora nuestra condición si un milagro no lo impide. Pero ese milagro, que se llama referéndum, probablemente no ocurrirá. Ya se han ocupado los lacayos de la usura, nuestros represerviles, de hacer las cosas de modo que la voz del pueblo no turbe el dulce sosiego del capital.
La cita que aparece en el texto está extraída del País, el 27 de agosto de 2011 (página 14) en el que se reproduce de forma literal la propuesta de reforma aprobada. Por desgracia no me la he inventado.
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